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OFAC ingresa a empresas y ciudadanos colombianos por nexos con La Oficina de Envigado

La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés) designó hoy a cuatro ciudadanos colombianos como Narcotraficantes Especialmente Designados (SDNT, por sus siglas en inglés) de conformidad con la Ley de Designación de Cabecillas de Narcóticos Extranjeros (Kingpin Act) debido a sus vínculos con los SDNTs previamente designados Juan Santiago Gallón Henao, Pedro David Gallón Henao, y La Oficina de Envigado (“La Oficina”).

También se designan cinco empresas colombianas, identificadas por la OFAC como empresas bajo la propiedad,  el control o la dirección de Juan Santiago Gallón Henao con la ayuda de algunas de las personas designadas hoy. Como resultado de la acción,  a los ciudadanos estadounidenses generalmente se les prohíbe realizar transacciones o tratar de alguna manera con estos individuos y compañías. Así mismo los bienes que puedan tener bajo la jurisdicción de los Estados Unidos estarán congelados.

"Estas nuevas designaciones del Departamento del Tesoro reducirán aún más el poder económico de los frecuentes financistas de La Oficina de Envigado mediante la identificación y la selección de los testaferros y las empresas que trabajan en su nombre", dijo John E. Smith, Director de la OFAC. "Aún si los patrocinadores de La Oficina de Envigado en Colombia continúan beneficiándose del producto de sus actividades delictivas, la OFAC continuará tomando medidas para evitar que estos ingresos ilícitos entren en el sistema financiero estadounidense".

Se trata de la séptima acción de la OFAC dirigida a personas y entidades vinculadas a La Oficina de Envigado. Los hermanos Gallón Henao fueron designados el 24 de junio de 2015 como parte de una acción anterior de la OFAC dirigida a individuos identificados como financistas criminales, narcotraficantes o colaboradores alineados con La Oficina de Envigado, una organización criminal colombiana. OFAC designó a La Oficina de Envigado como SDNT de conformidad con la Ley Kingpin el 26 de junio de 2014. Además de su participación directa en el tráfico de estupefacientes, La Oficina es cómplice de una variedad de actividades ilícitas como lavado de dinero, extorsión y asesinatos.

Las cinco empresas designadas - Clamasan S.A.S., Guisanes S.A.S., C.M.V. Carnes S.A.S., Agropecuaria Mais S.A.S. y Agroindustrias Cima S.A.S - operan desde una sola dirección en Medellín, Antioquia, Colombia. Estas empresas se dedican a una variedad de actividades comerciales, incluyendo administración de propiedad familiar, minería y cultivo de café. Tres personas designadas están involucradas como gerentes y  candidatos a accionistas de estos negocios en representación de Juan Santiago Gallón Henao. Los individuos son: Santiago Alvarez Castro, frecuente socio criminal y comercial de Juan Santiago y de Pedro David Gallón Henao; Mariana Gallón Aristizabal, hija de Juan Santiago Gallón Henao; Y Claudia Mercedes Vargas Giraldo, ex esposa de Juan Santiago Gallón Henao. Gabriel Jaime Aguilar Ramírez, abogado de Juan Santiago Gallón Henao y Pedro David Gallón Henao, también está involucrado en sus actividades delictivas.

OFAC y la Drug Enforcement Administration (DEA, por sus siglas en inglés) trabajaron en estrecha colaboración para ejecutar la acción de hoy, mientras que el Centro Nacional de Adquisiciones y Protección de Fronteras (Customs and Border Protection’s National Targeting Center) proporcionó un apoyo inestimable a la investigación que llevó a ello.

Desde junio del año 2000, más de 2.000 personas y entidades han sido nombradas en virtud de la Ley Kingpin por su papel en el tráfico internacional de estupefacientes. Las sanciones por violaciones a la Ley Kingpin varían desde sanciones civiles de hasta 1,437,153 de dólares por violación, hasta penas criminales más severas. Las sanciones penales para las personas jurídicas pueden incluir hasta 30 años de prisión y multas de hasta 5 millones de dólares. Las multas penales para las corporaciones pueden llegar a 10 millones de dólares.

Otras personas podrían enfrentar hasta 10 años de prisión y multas de acuerdo con el Título 18 del Código para Violaciones Criminales de la Ley Kingpin de los Estados Unidos.


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