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Por corrupción capturan al alcalde de Riohacha e imputan a gobernador y exgobernadora de La Guajira

Dentro de la estrategia de la Fiscalía General de la Nación en la lucha contra la corrupción (Bolsillos de Cristal), continúa avanzando la investigación y judicialización de hechos que atentan contra el buen manejo de las finanzas públicas y la efectividad de los programas que deben beneficiar a las poblaciones menos favorecidas.

El día de hoy la Fiscalía General de la Nación dio a conocer los avances en las investigaciones que se adelantan en el caso del PAE en la capital de La Guajira, los resultados de las diligencias realizadas en la reciente elección del gobernador de este departamento y el seguimiento al contrato de investigación sobre el dengue.

I.        CORRUPCIÓN EN PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR (PAE)

En este proceso la Fiscalía General de la Nación investiga posibles irregularidades que ascenderían a mil ciento setenta y seis millones ocho mil cincuenta y siete pesos  ($1.176.008.057).

Dentro de esta investigación hoy fueron capturados Fabio David Velásquez Rivadeneira, actual alcalde de Riohacha (La Guajira) y Dilcey Acosta Novelis, actual secretaria de educación de Riohacha (La Guajira)

En el proceso también están involucrados otros servidores públicos y particulares.

Los detenidos deberán comparecer como posibles responsables de los delitos de:

Contrato sin cumplimiento de requisitos legales
Falsedad ideológica en documento público
Peculado por apropiación en cuantía de mil ciento setenta y seis millones ocho mil cincuenta y siete pesos  ($1.176.008.057)


LOS HECHOS

La Fiscalía General de la Nación investigó si en colegios urbanos y rurales de Riohacha se suministraron complementos alimentarios en la jornada regular y almuerzos a los alumnos de jornada única, conforme con lo pactado en el  contrato. No. 002 del 19 de febrero de 2016.

Dicho contrato fue celebrado entre el alcalde de Riohacha (La Guajira), Fabio David Velásquez Rivadeneira, y el señor Saúl Ernesto Beltrán Mesa, representante legal de la Asociación Social del Caribe, por un valor de cinco mil ciento trece millones cuatrocientos setenta y dos mil seiscientos ochenta y siete pesos ($5.713.472.687). El contrato culminó el 19 de noviembre de 2016.
Como se recordará el Fiscal General, Néstor Humberto Martínez Neira, había denunciado el pasado 20 de octubre que la Fiscalía seguiría evaluando el desarrollo de este contrato que fue ampliado por medio de un otrosí el 19 de septiembre de 2016.

La Fiscalía concluyó que pese a la modificación, el contratista no cumplió con la totalidad de lo pactado, ni en las fechas acordadas.


II.        DELITOS DURANTE LA RECIENTE ELECCIÓN DE GOBERNADOR

La Fiscalía General de la Nación constató graves irregularidades en el proceso de elección del gobernador de La Guajira, Wilmer González Brito, adelantado el pasado 6 de noviembre de 2016.

Por esta razón solicitó al Tribunal Superior de Bogotá audiencia para formalizar la imputación de cargos contra el mandatario departamental por los delitos de cohecho por dar u ofrecer y corrupción al sufragante. Esta diligencia fue programada para este jueves 26 de enero, pero el gobernador solicitó aplazamiento de la audiencia, la cual quedó programada para el próximo 9 de febrero.

En este mismo proceso la Fiscalía solicitó ante un juez de La Guajira, audiencia para formalizar la imputación de cargos contra la concejal de Maicao, Silbelly Solano Iguarán. La fecha para esta diligencia estaba fijada para este 25 de enero y la indiciada solicitó el aplazamiento.

Igualmente, por estos hechos, la Fiscalía pedirá programar audiencias de imputación contra otros concejales y particulares.


LOS HECHOS

Las investigaciones de la Fiscalía General de la Nación comenzaron antes del 6 de noviembre de 2016, cuando se cumplió la elección, donde resultó elegido el gobernador Wilmer González Brito.

Durante el acompañamiento realizado por la entidad, con el fin de evitar posibles actos de corrupción, se lograron evidenciar maniobras concertadas que presumiblemente afectaron la transparencia de la jornada electoral.

Luego de analizar el material probatorio, la Fiscalía fundamentará las imputaciones en múltiples pruebas testimoniales y documentales que sostienen los delitos encontrados.

Los delitos en los que supuestamente habrían incurrido el gobernador, concejales y particulares serían, de acuerdo con su responsabilidad, cohecho propio y corrupción al sufragante.

III.        IMPUTARÁN CARGOS A EXGOBERNADORA ONEIDA PINTO

Para el próximo 10 de febrero está programada en el Tribunal Superior de Bogotá la audiencia de imputación de cargos solicitada por la Fiscalía General de la Nación  contra la Exgobernadora de La Guajira, Oneida Pinto.

La exfuncionaria deberá responder por las presuntas irregularidades en el trámite, celebración y ejecución del contrato que tenía como objetivo reducir la mortalidad infantil en el municipio de Albania (La Guajira), cuando ella se desempeñaba como alcaldesa.

El monto del contrato fue de dieciséis mil ochocientos millones de pesos ($16.800.000.000,00) y fue celebrado días antes de abandonar su cargo para iniciar  su campaña como candidata a la gobernación de La Guajira.

Los delitos por los que será investigada la mandataria regional son:

Peculado
Celebración de contratos sin cumplimiento de los requisitos legales.
 Falsedad en documento público y privado.

IV.        IRREGULARIDADES EN INVESTIGACIÓN SOBRE EL DENGUE

La Fiscalía General de la Nación encontró irregularidades en el convenio de cooperación especial número 019 del año 2014, celebrado por un valor de diecisiete mil quinientos millones de pesos ($17.500.000.000).

Este contrato se suscribió entre la Gobernación y la Corporación sin ánimo de lucro, Organización Latinoamericana para el Fomento de la Investigación en Salud (OLFIS), con el fin de realizar una investigación sobre las causas de la enfermedad del dengue en La Guajira.

Por estos hechos se solicitó audiencia de imputación de cargos contra Fredy Alexander Díaz Quijano, contratista representante legal de OLFIS; Gonzalo Francisco Araujo Daza, ex secretario de salud departamental; Marco Luis Pedraza, asesor del gobernador en temas contractuales; y José Maria Ballesteros, ex gobernador de La Guajira.

La audiencia de imputación de cargos estaba programada para el día 25 de enero, y fue reprogramada para el día 15 de febrero del presente año, a solicitud de la defensa.

La Fiscalía imputará los delitos de:

Contrato sin cumplimiento de requisitos legales
Peculado por apropiación en favor de terceros, por un valor de trecientos sesenta millones de pesos ($360.000.000)
Falsedad ideológica en documento público y falsedad en documento privado.

LOS HECHOS

De acuerdo con las investigaciones, la Fiscalía encontró falta de objetividad al seleccionar a un contratista sin experiencia, sin capacidad económica, ni administrativa para cumplir un convenio de semejante valor.

Así mismo evidenció que los recursos enviados por Colciencias para adelantar el proyecto de investigación presentado por la Gobernación de La Guajira, no ha sido  ejecutado de acuerdo a lo aprobado.

La Fiscalía encontró que de los cuatro mil seiscientos millones de pesos ($4.600.000.000,00), entregados a la administración departamental, cerca de trescientos sesenta millones ($360.000.000,00) han sido utilizados en actividades que no son propias del contrato, como:

Pagos de contratos de vehículos.
Pago por duplicidad de actividades.
Sobrecosto en compra de insumos.
favorecimiento en pagos a particulares, quienes no han desarrollado las actividades para las que fueron contratados.
Con ocasión de estas decisiones, el Fiscal General de la Nación se ha comunicado con el Jefe de Estado y le solicitó considerar la adopción de medidas audaces y extraordinarias que permitan la reconstrucción del tejido institucional del Departamento de La Guajira.

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