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Universidades estatales reportan déficit por $1,5 billones, piden cumplimiento del Gobierno

Las 32 instituciones de educación superior públicas del país hacen un llamado al Gobierno nacional para que amplíe las transferencias económicas que les permita seguir cumpliendo con una educación de alta calidad.

De acuerdo con el balance hecho por estas instituciones, las transferencias establecidas en la Ley 30 de 1992 no son suficientes para su funcionamiento. Según los artículos 86 y 87 de dicha ley, cada año las universidades estatales reciben lo correspondiente al aumento del índice de precios al consumidor (IPC). Sin embargo, los gastos por salarios y funcionamiento crecen en mayor magnitud.

Herbert Giraldo Gómez, director de Planeación y Estadística de la Universidad Nacional de Colombia (U.N.), explicó que el déficit estructural de las universidades públicas se origina en la distancia que existe entre los ingresos –que están congelados desde 1992– y el incremento de gastos que han tenido que asumir por mejorar tanto la calidad de su equipo docente como sus capacidades académicas.

Un factor que las afecta el aumento del costo de los servicios públicos, a lo que se suma el aumento de cobertura. Por ejemplo, cuando una universidad como la U.N. pasa de 30 mil a 53 mil estudiantes en los últimos 30 años, necesariamente se consumen más servicios, y el costo unitario de estos siguen creciendo mucho más que el IPC.

“Este tipo de hechos va generando un faltante, porque en la medida que pasan los años se va perdiendo la capacidad de ahorro de las instituciones. Para este año, el déficit de la U.N. es cercano a los $85.000 millones, mientras que en 2015 se registró un faltante de $25.000 millones, que fueron cubiertos con presupuesto de esta vigencia”, indicó el directivo de la U.N.

Gran parte del déficit se origina en las nóminas, porque, entre otras cosas, el Estado ha ordenado aumentar los salarios de los funcionarios en un punto por encima del IPC, pero no todos los años se ha compensado ese punto.

“Al crecer los gastos más rápido, hay un recorte en términos reales. Por eso se han disminuido algunos presupuestos de inversión o se han redestinado unos recursos, como por ejemplo los puntos adicionales del CREE (impuesto sobre la renta para la equidad), que se autorizaron en una ley y que debían venir a las universidades públicas con destino al programa “Ser Pilo Paga”. Más del 90 % de esos recursos se quedaron en las instituciones privadas”, advirtió el directivo.

Por su parte, el profesor Germán Albeiro Castaño Duque, vicerrector de la U.N. Sede Manizales indicó que “el Gobierno nacional debe entender que las universidades públicas llegan a los sitios donde la educación privada no llega ni va a llegar. Un ejemplo de eso es la Sede Tumaco de la Institución, que permite que los jóvenes puedan acceder a este tipo de educación”.

Por su parte, Felipe César Londoño, rector de la Universidad de Caldas, fue puntual en uno de los requerimientos: “la pretensión es que el Estado nos pueda reconocer el IPC más cuatro puntos, porque eso nos posibilitaría nivelarnos en esos procesos y evitar incumplimientos en pagos de funcionamiento, para seguir siendo universidades de alta calidad”.

Los recursos del CREE también se deben mantener con el fin de fortalecer con este impuesto la infraestructura y la inversión en las universidades.

De otro lado, Luis Fernando Gaviria Trujillo, presidente del Sistema Universitario Estatal, indicó que por intermedio del presidente del Senado, Mauricio Lizcano, se concretó el próximo jueves 27 de octubre una reunión con el ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, con el fin de exponerle las necesidades y los requerimientos que ayuden a solucionar esta problemática.

Por eso, en el “Foro Nacional de Sostenibilidad Financiera de las Universidades Estatales, un compromiso inaplazable por la Paz”, realizado en la Universidad de Caldas, se estableció un acta de compromiso firmada por los congresistas presentes, los rectores y las entidades territoriales, con el fin de buscar más alternativas que posibiliten la financiación, ya sea ligada a reformas tributarias o a leyes de presupuesto que beneficien un sistema de transferencias.

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