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Dilatar la justicia frente a la violencia de género es revictimizar a las mujeres maltratadas

La Defensoría del Pueblo revisará este lunes la asignación de fiscal y el estado del proceso por la golpiza contra María Isabel Covaleda.

Ante las preocupantes circunstancias que han rodeado el caso de la ciudadana María Isabel Covaleda, quien denunció haber sido brutalmente agredida por su pareja durante un evento público, sin que hasta el momento haya medidas de protección a su favor ni judiciales contra el presunto responsable,  la Defensoría del Pueblo revisará en las próximas horas el estado del proceso y la asignación de fiscal para que este nuevo episodio no quede en la impunidad.

El órgano de control adscrito al Ministerio Público fue contactado por la ONG Corporación Humanas (la cual ha trabajado con instituciones tan prestantes como ONU Mujeres, la Consejería Presidencial para los DD.HH y la Cooperación Española, entre otras)  para intervenir de cara a las dilaciones, que según los representantes de la víctima, han impedido una actuación diligente para mitigar el riesgo al que se encuentra sometida y generar las decisiones frente a una situación que ha merecido el repudio desde distintos sectores de la sociedad.

La Defensoría considera que hechos como la comparecencia de la mujer y su agresor en un mismo escenario y en medio de presuntas amenazas de este último hacia ella, la libertad inmediata del denunciado pese a su aparente captura en flagrancia y el tiempo transcurrido sin que a la fecha hayan sido aplicadas las disposiciones cautelares que consagra  la Ley 1257, revictimizan a la persona violentada y constituyen un pésimo mensaje para los cientos de mujeres que guardan silencio por temor.

Durante 2016, la Defensoría del Pueblo ha acompañado 2.072 casos de violencia de género incluidas 1883 mujeres   y 189 personas con identidad de genero diversa; aunque el 70% ha sido victima de  violencia física, la Entidad observa que en varios casos convergen todos los tipos de maltrato, al punto que el 40 % manifestó ser objeto de violencia económica y patrimonial y un 38 % de abuso sexual.

Los episodios asistidos por la Defensoría del Pueblo incluyen 44 feminicios y 52 tentativas de feminicidio, donde la pareja o ex pareja figura como el agresor principal con el 60 % de frecuencia,  frente a un 20% de otras personas conocidas o que han parte del entorno familiar.

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