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Hace seis meses que el IGAC radicó informe técnico sobre Belén de Bajirá

Hace seis meses que el IGAC radicó informe técnico sobre Belén de Bajirá
El Instituto Geográfico Agustín Codazzi ha cumplido rigurosamente con el acompañamiento técnico y científico y demás actuaciones establecidas en el procedimiento señalado en la Ley 1447 de 2011, en el proceso de deslinde por Belén de Bajirá.

Así lo aseguró el Director General de la entidad, Juan Antonio Nieto Escalante, quien reiteró que desde el 11 de febrero de este año, el IGAC radicó ante las Comisiones de ordenamiento territorial de Cámara y Senado el informe técnico de deslindes, que incluye la propuesta técnica para que se adopte la decisión que corresponda por parte del Congreso de la República.

“Por tal razón, queda claro que las actuaciones del Gobierno Nacional frente a esta disputa de limites no se inicia y mucho menos se decide como consecuencia del paro que se lleva a cabo en el Chocó desde hace siete días, pues nuestra decisión técnica fue presentada hace más de 6 meses”
Nieto Escalante apuntó que con la entrega oficial del informe, el IGAC finalizó su actuación en el proceso de deslinde por Belén de Bajirá, concluyendo así su acompañamiento técnico y científico pertinente, en cumplimento de la ley.

“Ahora está en manos del Congreso de la República resolver la disputa y cuenta con un año para definir el límite definitivo. Si pasado ese tiempo el Congreso no se pronuncia o no define dicha disputa de límites departamentales, quedaría como límite provisional el definido por el IGAC en el informe técnico”, enfatizó el Director del IGAC.

Importante reiterar que la autoridad encargada de definir los límites dudosos y solucionar los conflictos limítrofes de las regiones territoriales, departamentos y distritos, es el Congreso de la República.

En este proceso, el IGAC se encarga de adelantar la diligencia de deslinde, cuando se presentan dudas o desacuerdos sobre el significado de conceptos o términos técnicos de tipo geográfico, cartográfico o topográfico.

“El IGAC no define un conflicto limítrofe. Se encarga de adelantar los deslindes, es decir el conjunto de actividades técnicas que identifican, precisan, actualizan y georreferencian en terreno. La información del IGAC hace parte del estudio normativo, técnico, concepto e informe final de gestión, que son elaborados conjuntamente por las Comisiones Especiales de Seguimiento al Proceso de Descentralización y Ordenamiento Territorial del Senado de la República y la Cámara de Representantes”, puntualizó Nieto Escalante.

La disputa por un “pueblo sin dueño”
La controversia por Belén de Bajirá inició con la ordenanza 11 de 2000, cuando se sustrajo de Riosucio en Antioquia y se le otorgó a Chocó. El departamento paisa interpuso recurso de apelación, ante lo cual el Consejo de Estado declaró la nulidad de dicha ordenanza 011 del 2000.

En 2001, los gobernadores de turno solicitaron ante el Ministerio del Interior y Hacienda, que se adelantará el proceso de deslinde entre Chocó y Antioquia.

El 17 de mayo del 2004, los gobernadores de la época solicitaron ante la comisión demarcadora del Senado no tomar ninguna decisión, hasta que el IGAC profundice sus investigaciones, acerca de los verdaderos nacimientos y cauces de los ríos Tumaradó y Tumaradocito, epicentro de la polémica limítrofe.

El IGAC adelantó este proceso entre 2001 y 2007, tiempo en el que trabajó de la mano con los representantes de las gobernaciones de ambos departamentos.

En 2007, el IGAC presentó ante el Senado de la República una propuesta limítrofe, la cual fue rechazada y en contrapropuesta, la Comisión Demarcadora del Senado le solicitó al Instituto reconocer física y cartográficamente el río Tumaradocito, como límite entre Antioquia y Chocó.
 En el 2014, con la Ley 1447 de 2011, surge un nuevo procedimiento para la fijación de límites de las entidades territoriales, con lo cual el IGAC retoma la apertura de este deslinde, a través de la Resolución 542 de 2014.

A comienzos de 2015, la entidad visitó este corregimiento para escuchar las razones y argumentos que tienen las gobernaciones de ambos departamentos.

Finalizada la visita, Chocó y Antioquia tuvieron 3 meses para aportar todas las pruebas. Luego, el IGAC hizo uso de los 6 meses establecidos para elaborar un informe técnico, y con base en ese insumo, redactó la propuesta que está en manos del Congreso de la República, que tiene un año para decidir.

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