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Opinión | No es con represión que se arreglan los problemas del pueblo colombiano

Dario Álvarez Morantes | La protesta significa nada menos que el derecho justo, legítimo y constitucional, que tenemos  todos los colombianos para  reclamar, cuando sentimos que nuestros demás derechos son vulnerados, entre ellos el derecho a la vida, el derecho al trabajo, el derecho a la igualdad, el derecho a la integridad personal, el derecho a la libertad, el derecho a la libre expresión, el derecho a la dignidad, el derecho  al honor, a la vida privada y a la información de todos los ciudadanos de bien.

Por lo tanto es inadmisible y repudiable, que la primera actitud del gobierno, cada que se presenta una manifestación de inconformidad, sea la inmediata represión, con todo el abuso del poder autorizado, para rechazar las solicitudes, propuestas, ideas, deseos y participación de las comunidades en la solución de sus propios problemas.

El para camionero al igual que el pasado paro nacional Agrario, son justificados por todas las situaciones anómalas en las que transportadores y agricultores hemos tenido que desempeñarnos haciendo patria, pero con la mirada indiferente del estado, que en los dos casos ha restado la importancia de las movilizaciones pacificas de inconformidad y sin el menor análisis ha procedido a desvirtuarlas de plano, argumentando infiltraciones, actos de violencia y falta de razón.

Basta de amenazas, advertencias y abusos de autoridad, el pueblo es el constituyente primario y no se puede aceptar que decisiones  radicales, como la de multas hasta por 480 millones de pesos, cancelación de las licencias de operación y extinción de dominio, judicialización de manifestantes, sean  mecanismos, viables para aplicar en presión de solución, como si los vehículos de los trabajadores fueran de origen ilícito y su función de transportar los alimentos, las mercancías e insumos para el desarrollo de la economía nacional deterioraran la moral social,   para perseguir y declarar la pérdida del derecho a la propiedad, quedando los manifestantes tipificados como vulgares delincuentes, por atreverse a protestar.

Estas situaciones son desafortunadas y solo logran caldear los ánimos de los manifestantes, no es con represión como se solucionan los problemas de los colombianos, que desafortunadamente son muchos y en todos los sectores o estaríamos expuestos a que a los agricultores también, se nos anulen nuestras cédulas de ciudadanía y nos extinga el dominio de nuestras propiedades,  para cederles las ventajas a los grupos al margen de la ley con prebendas, perdón y olvido, negocio, sueldos, protección y participación política.  

En el paro Agrario le funcionó al presidente la estrategia, de amenaza y amedrentamiento, por falta de seguridad, conocimiento y miedo de los supuestos voceros, que además tenían otras pretensiones particulares; esperamos que esta vez los transportadores, no se dejen intimidar y ojalá por la vía del diálogo, la concertación y el buen juicio, logren acuerdos equitativos, duraderos y  confiables, porque las experiencias que tenemos sobre las negociaciones no son las más afortunadas, como para augurar muchos éxitos en su cumplimiento. Somos conscientes de que la inversión extranjera es importante para el desarrollo de nuestro país, pero esa inversión debe ajustarse a la normatividad nacional con beneficio para los colombianos y no dejar a empresas y empleados nacionales en desigualdad de condiciones.

Es grande la inversión extranjera realizada en Colombia con muchas exenciones y competencia desleal para los residentes, en inversión directas y de portafolio, en Minas y canteras, Sector de manufacturas, explotación petrolera, almacenamiento transporte y comunicaciones, servicios financieros, empresas de seguros, agricultura, caza silvicultura y pesca, servicios comunales, construcción, hotelería y turismo.

De modo que lo estamos entregando todo a cambio de unas miserables regalías, que no compensan con el saqueo de nuestros recursos y el impacto negativo a la naturaleza y al medio ambiente. Por eso es más fácil para el Gobierno, no reconoce la culpa en la muerte de Luis Orlando Zaiz,  proteger camiones que transportan  cemento, cerveza y varilla pero no alimentos, pensar en beneficiar a la firma de transporte terrestre y fluvial  IMPALA, que hallarle la razón al camionero colombiano.

A los agricultores nos va peor, según la red latinoamericana de estudios territoriales  LARET, el 87% de los productores pequeños, solo tenemos acceso al 11% de la tierra en propiedad privada, El 12% que son medianos, poseen el 32% del área,  pero el 1% que son los grandes poseen el 43% de la tierra. Además en la asignación de baldíos hay unos ejemplos fuera de serie: Cargill logró 52.575.51 Has, Riopaila 42.000 Has. Veracruz 34.077, El Brasil 27.715 y Mónica semillas 13.000 hectáreas. Eso sin exponer la problemática en Salud, educación, servicios públicos, empleo, asunción de riesgos, crédito, asistencia técnica, seguridad, costos de producción y mercadeo ¡de manera que no hay motivos para protestar!

¡No se le puede maltratar a la gente de bien, con mentiras, injusticia, represión  e inequidad y exigir a gritos que tenemos que vivir en paz!

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Excelsio, Primer Periódico Virtual de Boyacá - Colombia.

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